Cuando el artículo 155 de la Constitución está en boca de todo el mundo, aunque la mayoría ni lo haya leído. Cuando ese artículo es sistemáticamente citado una y otra vez, un día sí y otro también por la generalidad de los medios de comunicación. Alguien, yo mismo, se complace en traer aquí otro artículo de la Carta Magna: el 46. Y eso que reconozco que no soy ni siquiera un leguleyo; un leguleyo de esos que me parece, y lo lamentaría muy de veras, que inoportunamente actúan como tales en la Judicatura española.
Digo esto porque se me hace a mí que los del Tribunal Supremo no se han molestado, para recordarlo y aplicarlo correctamente dicho artículo los pasados días; pues reza textualmente: “que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
Pero es que, además, en el caso concreto como el de la monumentalidad del Valle de los Caídos, es una basílica de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el artículo 148 de la Constitución, en su apartado 16º especifica “que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en los patrimonios monumentales de interés”.
Pues bien, para los Jueces del Supremo todo indica que un monumento de tanta suntuosidad y el mayor y más importante que se ha construido en la Unión Europea en todo el siglo XX, no les ha valido esa riqueza arquitectónica nacional, sita en el territorio de la Comunidad de Madrid, para defender su integridad histórica, cultural y artística. Y a la vista está que eso es así, al haber permitido que la tumba del que lo mandó construir haya sido profanada, y eso que el Valle de los Caídos es un centro religioso; en el que los monjes que lo custodian (es oportuno decirlo con el fin de que lo sepan quienes no tienen conocimientos de esa naturaleza) han sido ninguneados con falta de formalización.
Naturalmente, entre los miembros del Tribunal Supremo y, en su caso, entre los de la Sala de lo Contencioso Administrativo, no puede ser que haya leguleyos y profanos para administrar con error las Leyes. Pero sí digo, casi completamente convencido, que materias de Historia del Arte y la Cultura o no las estudian bien o son unos incultos en ellas. Pues ¿cómo se puede apreciar la monumentalidad del recinto que nos ocupa, la del Valle de los Caídos, desterrando de su interior a quien lo ideó y mandó construir con toda clase de detalles históricos y culturales, dejándose aconsejar por arquitectos de renombre e, incluso, por escultores de fama universal, como fue el caso del emeritense republicano Juan de Ávalos?
Si en leyes están impuestos en el Supremo, desde luego; creo y con acierto, lo repito, que en esto de historia y cultura artística, son más bien unos profanos. Y por tal motivo no dieron con la tecla adecuada para no involucrarse torpemente en la profanación de la tumba de quien estaba allí enterrado; una sepultura, por otra parte, custodiada por monjes por expresa voluntad documentada del Rey Juan Carlos I.
Claro que si el revuelo sepulcral, con las muchas circunstancias alevosas que lo han hecho posible -incluidas las afrentas a los herederos de Franco- lo han permitido los jueces del Tribunal Supremo influenciados por normas dictatoriales del Gobierno de Pedro Sánchez, respaldadas por su ministra Carmen Calvo; entonces más nos vale acepar lo inaceptable y aguantar lo que haya que aguantar, y pedirle a Dios que no se precipiten hechos así de mayor calado, de proporciones más temerarias. No sea que la infausta intromisión llevada ahora a cabo en Cuelgamuros nos reabra a los españoles unas heridas ya casi curadas y nos acarreen de nuevo desencuentros fratricidas. Que para recuerdos así ya contamos sobremanera con el Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía; objeto de división perpetua entre nosotros
