Ciclo de Conferencias de la Asociación Cultural Alcorcon Siglo XXI
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III Certamen de Pintura Alcorcón Siglo XXI

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I Certamen de Pintura Alcorcón Siglo XXI

Convocatoria del I Certamen de Pintura "Asociación Cultural de Alcorcón Siglo XXI”
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Conferencia: los excesos de comida en las fiestas navideñas

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LOS RESCOLDOS DE LA CRISIS AÉREA

El Semanal Digital - Ana I. Martín - 9 de diciembre de 2010

En su comparecencia en el Congreso, Zapatero ocultó más de lo que contó sobre el estado de alarma. Porque en esta situación tiene vía libre, si lo desea, para recortar derechos fundamentales

El Gobierno ha conseguido lo que quería: tener a la opinión pública de su parte a pesar de haber adoptado una medida tan drástica como lo es la declaración de uno de los tres estados excepcionales recogidos en la Constitución que coartan las libertades de la ciudadanía.   

Es la máxima de Maquiavelo llevada al extremo por los socialistas: el fin justifica los medios. Y en eso basó precisamente José Luis Rodríguez Zapatero su intervención de este jueves en el Pleno del Congreso, en que agotadas sus "posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales" hubo que adoptar medidas drásticas. El todo vale con tal de devolver los aviones al espacio aéreo español.

El presidente dejó caer en el hemiciclo que no descarta prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días naturales si el Ejecutivo lo considera necesario. Sin embargo, por ahí no están dispuestos a pasar los populares: en las condiciones actuales -es decir, con la normalidad retomada-, Mariano Rajoy no apoyará tal cosa, según fuentes del PP consultadas por este periódico. Ello necesitaría el visto bueno del Congreso como condición sine qua non.

Los populares reconocían este jueves que no esperaban que un presidente que se dice socialista fuera capaz de emplear la manu militari para obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. Como tampoco esperaban que el Gobierno se dejara enquistar un problema que ya a finales de noviembre enseñó los dientes. Primero en el aeropuerto de Santiago de Compostela, después en Canarias.

De ahí que el martes de la semana pasada el portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso, Andrés Ayala, se acercara al escaño de José Blanco para preguntarle qué pensaba hacer ante esos dos primeros motines. Pero toda la respuesta que recibió del ministro de Fomento fue un cúmulo de descalificaciones hacia los controladores. Uno y otro se verán las caras el martes, en lo que será la segunda parte del enfrentamiento parlamentario que este jueves libraron Zapatero y Rajoy.
 
Durante ese mismo Pleno, varios portavoces de los partidos de izquierda -como Gaspar Llamazares- cuestionaron la desproporcionalidad de la solución impuesta por el Gobierno. Porque un estado de alarma, por mucho que el presidente insistiera en señalar que su aplicación se ha ceñido a lo "estrictamente necesario", no es una broma. No en vano, durante estos días numerosos juristas han cuestionado la constitucionalidad de la medida.
 
Conlleva, para empezar, que durante su vigencia no pueden disolverse las Cortes, ni por tanto convocarse elecciones generales. Además, aunque el Ejecutivo lo ha circunscrito al ámbito de los controladores, la ley orgánica que regula los tres estados excepcionales (4/1981 del 1 de junio) le permite ir mucho más allá.

De hecho, durante su vigencia Zapatero tiene vía libre para aprobar un nuevo decreto que incluya cualquiera de estas medidas: "Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos" (11.a) (es decir, un toque de queda); "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias" (11.b) (ese "todo tipo" es, cuanto menos, llamativo); "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fabricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados" (11.c); y hasta "limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad" (11.d) (es decir, de los básicos).

Dijo el presidente durante su comparecencia que, de los tres estados excepcionales que recoge la Constitución, el de alarma es "el menos incisivo, el que menos se aleja del funcionamiento ordinario del poder ejecutivo y el único que no comporta suspensión general de derechos". Pero, amparado por esa ley orgánica, Zapatero tendrá hasta el 21 de diciembre -fecha tope del estado si no se prorroga- mucho más poder del que ha contado a la ciudadanía.